LECCIONES QUE NOS DEJA EL CASO DEL TÚNEL VERDE

LECCIONES QUE NOS DEJA EL CASO DEL TÚNEL VERDE

Por: Juliana Vélez 

Categoria: Reflexión

A raíz de la decisión definitiva del Consejo de Estado en el proceso de acción popular en el caso Túnel Verde, desde el CELEAM queremos presentarles un análisis comprensivo del caso que permita entender los hechos fundamentales del proceso judicial y el alcance de esta última sentencia. Ello en el marco de una masiva movilización ciudadana que definió el curso del proceso y de la estrategia política desplegada por los actores institucionales encaminada a salirle al paso a una posible decisión judicial, contraria a la planeación ya definida para la construcción del tramo 2B del sistema de transporte masivo Metroplús.

Fuente: Colectivo Túnel Verde

El 18 de junio de 2013, la Sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A A.I.A, contratista de Metroplús, comenzó la tala y trasplante de los árboles del Túnel Verde en la Avenida El Poblado del municipio de Envigado. Ello desencadenó una movilización ciudadana masiva que se vio representada en la realización de marchas que convocaron miles de ciudadanos, la construcción de un “Campamento Verde” que reunía a personas de todos los lugares del Valle de Aburrá con el fin de vigilar la permanencia de los árboles, la recolección de 13.000 firmas físicas y 15.704 firmas virtuales de opositores a la tala de los árboles y la creación del Colectivo Túnel Verde, organización social que estuvo liderando la defensa de este arbolado urbano.

En este contexto de presión ciudadana, el Colectivo Túnel Verde solicitó la creación de una Comisión Técnica para debatir con la Alcaldía de Envigado, Metroplús, Corantioquia y AIA la posibilidad de dar vía al proyecto Metroplús de manera que se conservara la integridad del Túnel Verde. En esa línea, se tuvieran en cuenta las propuestas de la comunidad y así evitar recurrir a un proceso judicial. Dicha Comisión se conformó y durante aproximadamente 5 días se reunieron con otros actores institucionales. Al día 29 de junio de 2013, demostrando que dicha Comisión fue creada como una estrategia de participación formal con un limitado alcance e incumpliendo el compromiso asumido de informar a la ciudadanía sobre futuras labores de aprovechamiento forestal, AIA acompañada del ESMAD reanudó la tala de 6 árboles del Túnel Verde.

Lo anterior desencadenó en la interposición de una acción popular el 2 de julio de 2013, en la que se alegó la vulneración del derecho a un ambiente sano y la participación ambiental, dado que en el procedimiento para la expedición de la Resolución No. 130AS – 1210 – 7152 del 17 de octubre de 2012, por medio de la cual Corantioquia otorgó el permiso de aprovechamiento de árboles aislados del Túnel Verde, omitió la realización del estudio paisajístico, histórico y cultural exigido en el Artículo 58 del Decreto 1791 de 1996 y la generación de espacios de participación previos a la expedición del permiso que le permitieran a la comunidad incidir en la decisión final sobre el aprovechamiento forestal del Túnel Verde. Asimismo al momento de la interposición de la acción popular, se solicitó una medida cautelar que consistió en la suspensión de los efectos del acto administrativo expedido por la autoridad ambiental que fácticamente significaba suspender la tala de los árboles hasta tanto hubiera una decisión judicial de fondo, con fundamento en la protección del objeto del litigio.

El caso del Túnel Verde fue conocido por la Sala Primera del Tribunal Administrativo M.P Jorge Iván Duque quien en julio del año 2013 admitió la demanda y decretó la medida cautelar solicitada y en abril del año 2014, resolvió de fondo a favor de la protección los derechos colectivos de la ciudadanía. En dicha sentencia, la Sala estableció que efectivamente no se había realizado el estudio histórico, paisajístico y cultural y no se había garantizado la participación ciudadana. Con base en ello, confirmó la suspensión de los efectos del acto administrativo, ordenó la realización de un nuevo estudio técnico que considerara los mencionados aspectos y la posibilidad de talar un menor número de árboles incluso si ello implicaba revisar el trazado de la obra y garantizar la participación ciudadana.

Dicha decisión fue apelada por Metroplús, Corantioquia y AIA, quienes alegaron la importancia del sistema Metroplús y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la norma. Sin embargo, a finales del año 2016 la empresa Metroplús decidió desistir del recurso de apelación, unos meses después de que la Alcaldía de Envigado entrara al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que suponía el cambio de autoridad ambiental de Corantioquia al AMVA.

Consecuente a ello, la misma empresa Metroplús desistió del permiso de aprovechamiento forestal de la Resolución No. 130AS – 1210 – 7152 del 17 de octubre de 2012 que había autorizado la tala del Túnel Verde, con el fin de hacer desaparecer este acto administrativo del ordenamiento jurídico y así el Consejo de Estado tuviera que declarar la carencia de objeto por hecho superado en el proceso de acción popular. El plan comenzó a tener progreso cuando el 23 de mayo de 2017, el AMVA aceptó el desistimiento y procedió al archivo del expediente.

La estrategia de Metroplús fue clara: aprovechar la entrada del municipio de Envigado al AMVA, desistir de la apelación en el proceso judicial, desistir del permiso e iniciar el trámite de un nuevo permiso de aprovechamiento forestal del Túnel Verde, no por cuenta propia dado que eso hubiera riesgoso sin haber sabido la decisión definitiva en el inminente fallo del Consejo de Estado, sino por un intermediario que pudiera emprender un nuevo trámite sin limitaciones judiciales de por medio. De esta manera, el 17 de junio de 2017, la Alcaldía de Envigado presentó ante el AMVA la solicitud de aprovechamiento forestal de 115 árboles para la construcción del tramo 2B Metroplús.

Un poco más de dos años se tomó el Consejo de Estado para decidir de fondo, así el 15 de diciembre de 2017 emitió fallo en el que resolvió: (i) aceptar el desistimiento de la apelación por parte de Metroplús al proceso de acción popular; (ii) confirmar parcialmente el fallo de primera instancia al declarar que efectivamente se vulneraron los derechos colectivos por haber omitido la realización de un estudio paisajístico, histórico y cultural; (iii) no reconocer la vulneración a la participación ciudadana en el proceso de acción popular al afirmar que dicho derecho no tiene connotación colectiva y; (ii) revocar la suspensión de los efectos de la Resolución No. 130AS – 1210 – 7152 del 17 de octubre de 2012, al carecer de objeto en razón de la aceptación del desistimiento del permiso de tala por parte del AMVA.

En el contexto descrito, la decisión del Consejo de Estado deja un sabor agridulce, no solo porque este caso pone de presente el uso de estrategias jurídicas para lograr objetivos políticos determinados, sino también por el corto alcance que le dio el Consejo de Estado a la protección del derecho a la participación ambiental con una decisión excesivamente formalista. Lo anterior se afirma con base en los dos siguientes puntos de análisis.

Primero, el hecho de establecer que el derecho a la participación ciudadana no puede ser protegido en el mecanismo de acción popular desconoce el desarrollo jurídico que ha realizado la Corte Constitucional con respecto a la participación como presupuesto para la protección del derecho a un ambiente sano. En palabras de la Corte “En el marco de la toma de decisiones sobre megaproyectos, es especialmente importante referirse a la participación en las decisiones ambientales, derecho que es reconocido por misma Carta. En efecto, el derecho a la participación de la comunidad en megaproyectos cuando estos implican una afectación del ambiente y de los recursos naturales, se encuentra garantizado en el artículo 79 de la Constitución” (Sentencia T-348 de 2012). Desconocimiento que además retrocede en el debate sobre la gobernanza ambiental como mecanismo para asegurar que las visiones de los diferentes actores sociales sobre el ambiente sean consideradas en la decisión de su afectación, y de esa forma, ampliar el debate técnico del ambiente a la apropiación de los ciudadanos que son quienes en últimas sufren los peores impactos derivados de los problemas ambientales.

En el caso concreto, ello se interpreta como el haber ignorado la gran movilización ciudadana que le ha dado otro significado al Túnel Verde. Si no hubiera sido por esa movilización social que se tomó en serio la defensa de los árboles, al día de hoy el Túnel Verde hubiera desaparecido después de la ejecución de un permiso de aprovechamiento forestal irregular que omitió considerar aspectos paisajísticos, históricos y culturales. Fue esa movilización social representada en un grupo de ciudadanos la que evidenció esas irregularidades que el juez utilizó como razón para declarar la afectación al derecho a un ambiente sano. ¿Cómo es posible entonces negar la protección al derecho a la participación cuando ha sido esta movilización ciudadana un ejemplo evidente de la inevitable conexión existente entre el derecho a un ambiente sano y la participación ciudadana? En resumen, la posición del Consejo de Estado es regresiva en términos de circunscribir el debate ambiental al escenario técnico, dejando por fuera la apropiación ciudadana en las decisiones que se tomen relacionadas con el medio ambiente.

Segundo, si bien se podría decir que el fallo es un éxito parcial de la ciudadanía, al lograr que se declarara la vulneración de los derechos colectivos en dos instancias y que el Túnel Verde se mantenga en pie hasta el día de hoy. Hay un nuevo trámite de permiso de aprovechamiento forestal de los árboles del Túnel Verde que se escapa del control de la sentencia judicial aun cuando versen sobre los mismos árboles, la misma zona de afectación y sea la misma ciudadanía impactada. La gente ha demostrado que el Túnel Verde constituye un espacio de una importancia tal que no quieren sea destruido, sin embargo, el poder de acción desde el ordenamiento jurídico de hacer defender esa voluntad se diluye frente a un nuevo procedimiento administrativo que hace parte de una jugada política para salirle al paso a los condicionamientos que pudo haber puesto el juez al considerar las exigencias ciudadanas.

Sin embargo, así al estar finalizado el proceso judicial no se cuenten con herramientas legales suficientes para hacer exigible la protección del Túnel Verde y la participación ciudadana, el Colectivo Túnel Verde logró demostrar su capacidad de hacer control a las decisiones institucionales que afectan directamente al Túnel Verde. Este movimiento logró despertar conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger los arbolados urbanos y la importancia de participar activamente en las decisiones ambientales, asimismo dio una lección a la Administración en términos de reconocer a los ciudadanos como sujetos capaces de incidir en los temas de ciudad y medio ambiente, incluso capaces de lograr un espacio para alzar su voz cuando ésta ha querido ser silenciada.

Ahora, el AMVA tiene la decisión sobre el destino de los árboles del Túnel Verde, el fallo del Consejo de Estado se constituye en un precedente que le obliga la realización del estudio paisajístico, histórico y cultural, pero además conoce del alcance de una ciudadanía empoderada capaz de incidir en las decisiones que se tomen en el municipio de Envigado, y que ha demostrado que desde el escenario jurídico, político y de medios de comunicación tiene una capacidad de influencia, ganada después de un trabajo de defensa ambiental hecho a pulso, que sería torpe si se subestima a la hora de tomar la decisión final. El caso Túnel Verde nos muestra entonces las bondades de hacer uso de las herramientas jurídicas pero también de sus limitaciones. Es finalmente un caso que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la participación y el camino que falta por recorrer para la efectividad de este derecho en nuestro Estado Social de Derecho.

 

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