Páramos, derechos de la naturaleza y participación ambiental

Páramos, derechos de la naturaleza y participación ambiental

Autor. Mauricio Madrigal

Twiter: @maomadrigal

Categoría: Reflexión – columna

El pasado jueves 09 de agosto, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Colombia declaró  al páramo de Pisba sujeto de derechos y definió los parámetros mínimos para los procesos de concertación entre los actores en el marco de la delimitación del páramo. Este reconocimiento posibilita una serie de reflexiones sobre el contenido y alcance de los derechos de la naturaleza y del derecho de participación ambiental.

Fuente: http://caracol.com.co/emisora/2017/03/28/tunja/1490711395_046270.html

En Colombia, la protección jurídica de ecosistemas, como los páramos, estratégicos y esenciales para el mantenimiento de las condiciones que hacen posible la vida en todas sus formas, es precaria e inefectiva al confrontarse con el modelo extractivista y las multinacionales que lo respaldan. Decisiones judiciales como la del Tribunal de Boyacá la cual se alinea con la sentencia T-361 de 2017 sobre el páramo de Santurban y la sentencia T-622 de 2016 ambas de la Corte Constitucional, deben ser por demás apoyadas, visibilizadas y servir de fundamento para el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a superar la citada precariedad e inefectividad.

De estas decisiones se pueden analizar diversos aspectos relevantes, entre los que destacan dos; la conceptualización judicial de los derechos de la naturaleza y los aspectos sustantivos y procedimientos esenciales del derecho de participación ambiental. Ambos aspectos enmarcados en contextos complejos en los cuales se entrelazan las actividades mineras, los daños ambientales y el empoderamiento de los actores sociales.

La conceptualización judicial de los derechos de la naturaleza realizada por la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016 parte del enfoque jurídico denominado “derechos bioculturales”, el cual desde una perspectiva ecocéntrica, procura establecer instrumentos jurídicos que permitan una relación más justa entre el ser humano y la naturaleza, una relación en la cual las decisiones públicas den cuenta de la interdependencia entre la diversidad biológica y cultura, y se proteja la naturaleza por su valor intrínseco. La adopción de este enfoque la corte los justifica señalando que la defensa del ambiente no es sólo un objetivo primordial del estado colombiano, sino que integra de forma esencial el espíritu de la Constitución Política.

La Corte constitucional visibiliza en la mencionada sentencia y a partir del estado en el cual se encuentra el Río Atrato, el relacionamiento utilitario, económico y eficientista que hemos tenido con la naturaleza, y por lo mismo, hace un llamado para que se fortalezca la participación de las comunidades étnicas en el desarrollo de políticas públicas y normas jurídicas, de manera tal que se garantice tanto la conservación de sus sistemas de conocimiento como de la naturaleza de la cual hacemos parte.

En ese orden de ideas, las decisiones judiciales citadas resaltan al derecho de participación como esencial para la garantía de los derechos de la naturaleza y del derecho humano a un ambiente sano, esta cargado de subjetividad y amplitud. Por ello, son de suma importancia los criterios reconocidos por la Corte en la sentencia T-361 de 2017 y el Tribunal de Boyacá:

Señalan como aspectos esenciales del derecho de participación ambiental: a) el acceso a la información pública; b). la participación pública y deliberativa de la comunidad; y c) la existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos. Y como fases mínimas del procedimiento participativo: a) convocatoria; b). información; c) la consulta e iniciativa; d) la concertación; e) la decisión; f) la gestión; y g) la fiscalización.

Cada uno de los anteriores aspectos cuenta con una amplitud enorme y puede, orientado de una manera inadecuada, lejos construir consenso aumentar la conflictividad. Por ello, el acceso a la información de manera, oportuna, clara y completa, la construcción de espacios de deliberación libre, argumentada y publica, el respeto y valoración de la diversidad cultural, la objetividad e imparcialidad de la autoridad ambiental y la mediación de actores sociales claves, como las universidades son condiciones también básicas para evitar o salir de un conflicto socio-ecológico.

A manera de cierre se brindan las siguientes consideraciones:

  • El vinculo entre los derechos de la naturaleza y la participación ambiental, pues son los movimientos, organizaciones y grupos ambientales los que han incidido en su reconocimiento tanto legal como judicial.
  • La necesidad de la designación integral de todos los páramos de Colombia como sujetos de derecho. Y la prohibición definitiva, efectiva y clara de actividades extractivas tanto en su área delimitada como en la zona de amortiguación.
  • La importancia de ratificar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es un instrumento que proporciona un marco integral y básico para la prevención y manejo de los conflictos socio-ecológicos, brinda seguridad jurídica a los actores y fortalece la protección de los sistemas naturales de manera inclusiva.

 

Referencias:

Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-622 de 2016. Referencia: Expediente T-5.016.242. Magistrado Ponente: Jorge Ivan  Palacio Palacio.

Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-361 de 2017. Referencia: expediente T-5.315.942. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

Tribunal Administrativo de Boyacá, Sentencia del 09 de agosto de 2018. Expediente: 15238 3333 002 2018 00016 01. Magistrada Ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

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