Relatoría del primer conversatorio sobre el acceso a la información ambiental y el incremento al riesgo en tiempos de pandemia

Relatoría del primer conversatorio sobre el acceso a la información ambiental y el incremento al riesgo en tiempos de pandemia

Por: Juan Sebastián Blandón Ramírez

El pasado 9 de octubre de 2020 se realizó el primer “Conversatorio sobre el Acceso a la Información Ambiental y el Incremento al Riesgo en Tiempos de Pandemia”, un espacio académico promovido por la Red de Derechos de Acceso a la Información a la Información, Participación y Justicia en asuntos Ambientales (en adelante: la Red). El evento tuvo como objeto tratar las principales problemáticas que giran en torno al acceso a la información pública ambiental y al manejo del riesgo en el contexto actual de pandemia en Colombia. Además, se hizo la presentación oficial del Observatorio de Derechos de Acceso, con la exposición de los informes adelantados desde marzo de este año y las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional y el Congreso de la República.

El espacio contó con la participación de cinco expertas y expertos en el acceso a la información ambiental. Entre ellas, dos invitados muy especiales para la Red: el Dr. Édison Lanza, ex-relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y la Dra. Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz y profesora de la Universidad del Rosario. En representación de la Red estuvo participó la Dra. Erika Castro Buitrago, profesora de la Universidad de Medellín, asociada del Centro de Estudios Ambientales Latinoamericanos-CELEAM y coordinadora del Observatorio de Derechos de Acceso; el abogado Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó; y el abogado Felipe Cadena García, coordinador del área de derecho ambiental de la Corporación Universitaria de Sabaneta-UNISABANETA, como panelistas.

La moderación estuvo a cargo de la también integrante de la red, la abogada Carolina Restrepo Múnera, profesora de la Universidad Autónoma Latinoamericana-UNAULA, coordinadora del Observatorio de derecho constitucional de la misma universidad.

Con relación a las intervenciones de los panelistas, el Dr. Édison Lanza inauguró el espacio resaltando que, en la región, el derecho de acceso a la información pública ha tenido en el derecho ambiental uno de sus mayores promotores. Al respecto, recuerda que la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 impulsó el acceso a la información para la participación y la justicia en asuntos ambientales a nivel regional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha contribuido en el desarrollo de esta prerrogativa, especialmente en lo que respecta a su efectividad, a través de la Ley Modelo Interamericana sobre la materia y de diversos casos estratégicos. Estas contribuciones, además, fueron posteriormente adoptadas en la versión final del Acuerdo de Escazú.

Pese a estos avances, Lanza argumenta que en los últimos años se han configurado nuevos desafíos en el disfrute de este derecho y pone como ejemplo la sofisticación de las excepciones en el acceso a la información en materias específicas con relevancia ambiental; por tanto, resalta la importancia de que estos escenarios sean objeto de un permanente estudio que permita identificar nuevas restricciones a esta prerrogativa. Por ende, además de promover estándares normativos, sugiere la necesidad de proyectar un litigio estratégico que permita analizar estos casos específicos. Finaliza su intervención resaltando que en el contexto actual es necesario reforzar los controles sobre las actuaciones de los gobiernos y de los Estados que se expidan con fundamento en la pandemia y que restrinjan derechos con relevancia ambiental, especialmente, a la participación o al acceso a la información pública, resaltando la importancia de fortalecer la transparencia en esta coyuntura y de llegar a las comunidades más vulnerables.

Con posterioridad, la Dra. Gloria Amparo Rodríguez resaltó que el marco jurídico para el acceso a la información en materia ambiental en Colombia es muy diverso, con estándares que garantizan no solo el acceso a la información a través de petición, sino también la transparencia, la participación y la publicidad de la normativa ambiental. La jurisprudencia colombiana, de igual manera, ha realizado importantes precisiones acerca del derecho de acceso a la información pública y su relacionamiento con otros derechos fundamentales, por ejemplo, con el derecho a la participación. Resalta que en el país existen diversos sistemas de información ambiental, los cuales pretenden promover el acceso de la ciudadanía a una gran variedad de tópicos con relevancia ambiental.

Rodríguez señala que, si bien estos instrumentos existen, en la práctica pueden reproducir obstáculos en la materialización del acceso a la información. Al respecto, sostiene que estos sistemas han tenido poca divulgación y no han sido apropiados por la ciudadanía, y la información aportada por estos no está sincronizada entre sí, o puede ser de carácter somero o muy técnico, y dificultar su comprensión. Además, cuestiona que en muchos casos el Estado no ha adoptado buenas prácticas para la satisfacción de sus obligaciones con relación a la salvaguarda de esta prerrogativa. Rodríguez finaliza su intervención resaltando que los estándares en acceso a la información ambiental pueden contribuir en el manejo de la pandemia al promover mayor conocimiento de la sociedad sobre asuntos ambientales, fortaleciendo la participación y fomentando la transparencia en la prestación de servicios públicos.

Dando un inicio a las intervenciones de los colaboradores de la Red, la Dra. Erika Castro realizó un breve recuento de los motivos que llevaron a la creación del Observatorio de Derechos de Acceso, así como sus principales hallazgos y de las intervenciones realizadas ante instancias judiciales y legislativas. Castro además ofreció la exposición de una de las pesquisas más importantes que está adelantando el observatorio. Ésta tuvo como objeto de estudio la normativa expedida por las autoridades ambientales regionales durante la emergencia sanitaria con incidencia en el acceso a la información pública a través del derecho de petición. Esta investigación permitió identificar diversas irregularidades en este proceso, como la expedición de resoluciones por fuera del marco normativo del estado de excepción o que fueron publicadas de manera tardía, o la ampliación o suspensión injustificada de los términos de derecho de petición; lo cual, para la investigadora, constituye una restricción desproporcionada al acceso a la información pública.

El profesor Felipe Cadena García inició su intervención cuestionando las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria en lo que respecta al acceso a la información pública a través del derecho de petición. En específico, se preguntó si la virtualidad adoptada para la resolución de petición y de trámites administrativos es constituye como una medida desproporcionada en el acceso a la información pública de comunidades y de la población que no cuentan no tienen acceso limitado a internet. Asimismo, sugiere que la suspensión de los trabajos en campo o de seguimiento presencial de las autoridades en trámites ambientales limita en la misma medida esta prerrogativa. En ese ese sentido, sugiere que, si bien en el contexto de pandemia es necesario que se establezcan ciertas restricciones en aras de la protección de la salud pública, es preciso también que se adopten acciones afirmativas para que las primeras no limiten de manera desproporcionada e injustificada los derechos fundamentales de petición y al acceso a la información pública.

Por su parte, el profesor Jorge Eduardo Vásquez Santamaría hizo referencia al funcionamiento de los sistemas de información previstos para la gestión de riesgo de desastres en el contexto actual de emergencia sanitaria. En específico, señaló que la estructura de estos sistemas de información ha acrecentado el riesgo de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad al riesgo natural. Lo anterior debido a que los sistemas de información referidos en muchos casos no están cumpliendo su función adecuadamente, ora porque no están funcionando o no están actualizados ora porque no están sincronizados con otros instrumentos técnicos. Ello considerando además que en el marco del manejo de la pandemia se emitieron una serie de decisiones que han sido restrictivas en derechos de acceso y de participación, lo cual afectó el tratamiento colectivo y comunitario de los riesgos.

En general, las panelistas en sus intervenciones coincidieron en resaltar la importancia de los derechos de acceso y, en especial, al acceso a la información pública, no solo para la salvaguarda del ambiente y otros bienes jurídicos, sino también para el ejercicio de los demás derechos. Por esta razón, hicieron especial énfasis en que las restricciones a estas prerrogativas, contenidas en la normativa colombiana proferida en el marco de la emergencia, han sido desproporcionadas e injustificadas. Un manejo de la emergencia sanitaria en este contexto tendría que prever mayores controles a las autoridades en aras de garantizar el ejercicio del acceso a la información, así como medidas que permitan contrarrestar diversas limitaciones impuestas en pro de la salud pública, cuando éstas afecten desproporcionadamente comunidades o sectores de la población que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El conversatorio puede ser visto nuevamente en el siguiente link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=610814162947688&ref=watch_permalink

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